La república conservadora

Los liberales bienintencionados, anticlericales y masónicos al estilo decimonónico, propio de los países latinos, que reemplazaron en el poder a los Borbones mediante una revolución pacífica en 1931, no pudieron contener la agitación social de los más pobres, ni desactivarla mediante reformas sociales efectivas, (especialmente agrarias). En 1933 fueron sustituidos por unos gobernantes conservadores cuya política de represión de las agitaciones e insurrecciones locales, como el levantamiento de los mineros de Asturias en 1934, contribuyó a aumentar la presión revolucionaria.
Este movimiento revolucionario estuvo alentado desde amplios sectores e importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como Largo Caballero o Indalecio Prieto y de forma desigual, por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE). Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, aunque los sucesos más graves tuvieron lugar en esta última región.
En octubre de 1934, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), retira su confianza al gobierno centrista de los radicales de Lerroux y exige participar en el mismo. El presidente de la República Alcalá-Zamora, a pesar de los temores que le inspiraba la doctrina de Gil Robles sobre el accidentalismo de las formas de gobierno, decide indicar a Lerroux que se incluyan tres ministros de la CEDA en el Gabinete. Sin embargo, este nombramiento no es aceptado por los partidos de izquierda, especialmente el PSOE, que esperaban una convocatoria anticipada de elecciones generales.
En Madrid, el día 5, la UGT declaró una huelga general, que la CNT no apoyó. La intervención del Ejército sofoca la revolución, que deja como resultado decenas de muertos. En Barcelona, el gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido por Lluís Companys, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), bajo la presión de José Dencàs, consejero de Orden Público, proclama el Estado Catalán dentro de una República Federal Española, en la noche del 6 al 7 de octubre. Este hecho provocó la proclamación del estado de guerra y la intervención del Ejército. La autonomía catalana fue suspendida por el Gobierno y la Generalidad de Cataluña se sustituyó por un Consell de la Generalitat designado por el Gobierno. También fue detenido Azaña, que se encontraba casualmente en Barcelona para asistir a los funerales del que fuera ministro de su gabinete Jaume Carner. En Asturias la CNT mantenía una postura más proclive a la formación de alianzas obreras que en otras zonas de España. Los mineros disponían de armas y dinamita, y la revolución estaba muy bien organizada. El gobierno perdió el control, la prensa se encontraba censurada. El partido Socialista Francés reunió firmas para frenar la ola de ejecuciones. Azaña, responsable de las sublevaciones catalanas y asturianas, debía regresar a Barcelona y fue frenado. La coalición de centro-derecha gobernó en España un nuevo período. Un tema preocupante fue el de la transformación de los latifundios.
Por tal motivo, se dictaron tres decretos. También se decidió comprar el trigo debido a la superproducción. Otro tema muy importante era el de la educación. Se construyeron nuevas escuelas y residencias para maestros. Además, se les devolvió las propiedades confiscadas a los jesuitas. Más tarde, la CEDA volvió a participar en el gobierno con el propio Gil Robles como ministro de Guerra, quien se oponía a los golpes militares. Sin embargo, el gobierno de 1935 era reaccionario. Se negó a la reforma agraria y dotaba miserablemente a la educación pública. Se negó a sancionar impuestos que perjudicaban a los ricos. El presidente derogó la ley de Defensa de la República y en su lugar, Lerroux, sancionó una ley que definía los estados de prevención, alarma y guerra. El presidente así declaró el estado de guerra, en el cual la policía podía aplicar la ley marcial. Luego, fue sustituido por el estado de alarma.
A pesar de la censura, la prensa daba más que hablar. Tras ganar las elecciones, Gil Robles, habló de tener una cooperación entre su partido, CEDA y el gobierno republicano. Los izquierdistas lo consideraban un fascista-clerical pero los exiliados monárquicos empezaron a regresar al país. Se fundó un Bloque Nacional que establecía un Estado corporativo y totalitario. Gil Robles tuvo muchos enemigos y detractores.
Las pasiones políticas, la vitalidad literaria, cultural y el idealismo individual, estaban en pleno florecimiento durante el año 1935. Mientras tanto el presidente, había esperado las condiciones adecuadas para convocar a elecciones, ya que contra una derecha y una izquierda desunidas, podía surgir un centro fuerte. Halló en Manuel Portela Valladares, al jefe de gobierno más apropiado, para este periodo electoral; quien levantó lo que quedaba de censura de prensa durante las semanas siguientes.
En esos tiempos, el Kremlin decidió que el fascismo era un enemigo más inmediato que el capitalismo y comenzó su búsqueda de una alianza con todas las fuerzas democráticas, socialistas y comunistas en contra del mismo. Y, cuando disueltas las Cortes, anunció Portela las nuevas elecciones, a la semana siguiente, se consolida el Frente Popular, con el pacto del 15 de enero. La Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio), la Ezquerra catalana y los partidos Socialista y Comunista, formaron una alianza electoral con un programa mínimo, pidiendo el retorno a la política religiosa, educativa y regional del primer bienio, una reforma agraria más rápida y una amnistía para los 30.000 presos políticos. Se convino, en que el gobierno estuviera compuesto solo de republicanos, mientras que los socialistas y comunistas los apoyaban con el propósito de alcanzar el anunciado programa “democrático burgués”. Esta decisión fue una concesión al ala revolucionaria, ya que en esta época, los jóvenes socialistas se consideraban más avanzados que los comunistas. Las principales personalidades de esta campaña fueron Azaña y Largo Caballero, pero pese a sus profundas diferencias (demócrata representativo y reformador no revolucionario, el primero; y socialista revolucionario, el segundo), el Frente popular se mantuvo unido por el proyecto de amnistía, y el temor al avance fascista.
En cambio, las derechas no pudieron salvar el abismo que había entre los socialcatólicos y los carlistas y monárquicos, aunque en la mayoría de los casos, estaban de acuerdo en apoyar un candidato único para no suicidarse políticamente. Gil Robles basó su campaña en el programa social católico de la CEDA, preparado para aceptar y gobernar a la Republica. Pero la Iglesia se dividió en, al menos cinco facciones. Cuando llegó la hora de las elecciones, el presidente y su jefe de gobierno, Portela, se hallaron incapaces de formar un centro fuerte, aunque este último, presidió la campaña electoral dignamente: levantó toda censura y evitó emplear la represión policial, pese al riesgo de violencia vigente.
Cuando las Juntas Electorales dieron a conocer las cifras oficiales, el Frente Popular había obtenido suficientes escaños para convertirse en mayoría absoluta. Los partidos reconocieron la victoria de la izquierda, los principales dirigentes de la CEDA y los monárquicos se hicieron cargo de su derrota públicamente.
Esta victoria de la izquierda, aterró tanto al Gobierno como a las derechas derrotadas. Se habla de dos versiones conspirativas, en una de ellas, estas últimas habrían incitado al general Franco a dar un golpe (de estilo latinoamericano), que por varias razones, él mismo había rehusado. Por otra parte, se afirma que el mismo Franco, ofreció sus servicios a Portela con el fin de anular las elecciones, pero que éste y el presidente Alcalá Zamora, decidieron respetar la voluntad popular. Sea cual fuere la verdad oficiales leales advirtieron a Portela, que otros oficiales reaccionarios pedían la anulación electoral. Portela estaba aterrorizado y se negó a continuar en el cargo un día más; entonces Alcalá Zamora, convocó a Azaña para que asumiera el poder, en semejante situación de inestabilidad política.
Lo primero que hizo Azaña al asumir el gobierno fue nombrar un gabinete de hombres de su confianza (Masquelet, Salvador, Domingo, Ruiz Funes, etc.) y dejar libres a presos políticos. Se suspendieron las rentas en Andalucía y Extremadura como primer paso a la distribución de tierras y se reestablecieron los ayuntamientos socialistas suspendidos desde el 1934. En Madrid y las grandes ciudades industriales cada semana tenían lugar grandes desfiles exigiendo el dominio del proletariado e incluso se trazaban paralelismos entre la Rusia de 1917 y la España de 1936, Azaña pidió que cesaran los desfiles de victoria, estos desembocaban en intentos de asesinato de funcionarios públicos, incendios de iglesias, enfrentamientos entre los izquierdistas y fuerzas armadas (estas desembocaban en matanzas). En los meses de primavera hubo docenas de tiroteos y lanzamientos de bombas aunque no hay certeza de cada hecho ni detalles porque la censura de la prensa sumada a la incapacidad policial de controlar la situación no permitían saber que era lo que pasaba, los movimientos paramilitares generaron constantes olas de violencia callejera, las patrullas motorizadas antimarxistas disparaban al azar contra “los rojos”, la violencia no obedecía a ninguna lógica.
Hacia finales de marzo de 1936 las cortes no habían podido iniciar sus actividades legislativas, y la comisión encargada de revisar los comicios entró en conflicto, por lo tanto los problemas de orden público y la legitimidad de las elecciones debió ser postergada. El 4 de abril Azaña presentó su proyecto en el que proponía una profunda reforma agraria, construcción de escuelas, mayor autonomía de los ayuntamientos, estatuto de autonomía para las provincias vascongadas y la readmisión de todos los trabajadores despedidos por sus actividades políticas. La derecha moderada aceptaba tales términos y pedía también que se pospusiesen las elecciones municipales convocadas para la segunda semana de abril porque en el estado de turbulencia pública unas elecciones libres serían imposibles.
Tres días después, las Cortes depusieron al presidente de Alcalá-Zamora. El presidente le ofreció la presidencia del Consejo a muchas personas diferentes. La Constitución disponía que el presidente podía disolver las cortes dos veces pero los redactores de la misma añadieron la cláusula en la que luego de la segunda disolución las nuevas Cortes podían examinar las razones del presidente, y si eran poco satisfactorias el presidente sería automáticamente destituido. Martínez Barrio, presidente de las Cortes, se convirtió temporalmente en presidente de la República de acuerdo con la Constitución.
Calvo Sotelo denunció a Largo Caballero de intentar instaurar un sistema comunista en España. Gil Robles habló más moderadamente y condenó la violencia social y a aquellas organizaciones que respondían a la violencia con más violencia. Hacia el final de abril y después de varios vaivenes se consideraba a Azaña el nuevo presidente.
Azaña era la opción más firme del frente popular porque era capaz de mantener un gobierno moderado, lo cual mantendría el apoyo de la derecha, pero si bien Largo Caballero prestó su apoyo, no aseguró cuanto tiempo la izquierda apoyaría a Azaña. Éste terminó aceptando la presidencia.
El primero de mayo Prieto pronunció uno de los discursos más importantes de su carrera política. Dijo que la violencia no consolidaría nada, ni la democracia, ni el socialismo, ni el comunismo, que las quemas de iglesias y enfrentamientos callejeros solo conducirían al fascismo, y que el joven general Franco sería candidato natural de las fuerzas armadas que trataban de implantar una dictadura militar en España; también habló de las necesidades económicas de España: reforma agraria, obras hidráulicas e industrialización.
El 8 de mayo tuvo lugar la elección del nuevo presidente y a pesar del intento de boicot de los monárquicos y la CEDA, Azaña se consagró presidente y le ofreció la jefatura de gobierno a Prieto, éste la rechazó. El programa mínimo pedía la nacionalización de las tierras y la banca el programa máximo reclamaba la dictadura del proletariado. Largo caballero se negó a los pedidos del partido comunista que hablaban de una unificación con los socialistas.
El 13 de mayo dispararon contra Prieto aunque no se supo con certeza quien fue, a esta altura tanto socialistas revolucionarios como derechistas podrían haber disparado contra él. Azaña confió la jefatura de gobierno a su fiel amigo Casares Quiroga. Mariano Ruiz Funes, ministro de agricultura, intervenía entre los campesinos y la Guardia Nacional para evitar enfrentamientos, los terratenientes protestaban acusando al gobierno de legalizar el robo.
El compromiso del Frente Popular de devolver el empleo a todos los trabajadores despedidos por sus actividades políticas y sindicales generó serios problemas. En España, al igual que en el resto del mundo, se aceptaba cierto grado de socialización, con tal que las industrias intervenidas fueran aquellas que estaban al borde de la bancarrota.
Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, reestableció la coeducación y reanudó el programa de construcción de escuelas. El problema clerical inevitablemente se presentó en relación a las escuelas, los conservadores se oponían a la coeducación y aceptaron de mala gana el programa de construcción de escuelas, en la iglesia y el gobierno estaban ansiosos por evitar un resurgimiento de las pasiones anticlericales de 1931.
Personalidades eminentes ajenas al gobierno usaron su influencia para mantener la paz civil. El doctor Marañon condenó a las derechas por haber identificado el conservadurismo con la defensa de todos los intereses creados durante los dos años que ocuparon el poder. Amonestó a las izquierdas por el tono antinacional de su propaganda, e indirectamente se refirió a la glorificación de la unión soviética. Advirtió a los españoles en general que las reformas del gobierno de Azaña eran absolutamente necesarias para la modernización de España. Predijo que si el gobierno Azaña era derrotado, toda España quedaría dividida entre reacción y marxismo. Miguel Maura también se adelantó con sus críticas y propuestas.
Las izquierdas habían elevado a Azaña al poder pero no para fortalecer su cargo, sino para apartar de la política activa al más capacitado dirigente burgués. El gobierno de Casares, y cualquier otro gobierno republicano que le sucediera, existirían tan solo gracias al apoyo de los comunistas y socialistas en las cortes. Mientras los Marañon, los Prietos y los Maura hablaban de acabar con huelgas inútiles, los exaltados tanto de la derecha como de la izquierda se arremangaban las camisas. Cuando el débil gobierno parlamentario burgués hubiera quedado desacreditado, el futuro seria de ellos.

Bibliografía

JACKSON, G. La República española y la guerra civil (1965). Barcelona, Crítica, 1999